La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) fue creada como una entidad autónoma del Estado panameño con el propósito de impulsar y coordinar la implementación del proceso de descentralización en el país. Su origen se remonta a la promulgación de la Ley N.º 37 del 29 de junio de 2009, modificada por la Ley N.º 66 del 29 de octubre de 2015, que estableció el marco jurídico para transferir competencias y recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos locales.

La creación de la AND respondió a la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y corregimientos, promoviendo un modelo de gobernanza más participativo, eficiente y transparente. Desde sus inicios, la entidad ha trabajado en desarrollar políticas, herramientas y programas que faciliten la gestión local y mejoren la calidad de vida de la población.

Etapas del proceso de descentralización

• Primera etapa (2009-2014): se estableció el marco legal y los primeros lineamientos institucionales para iniciar la descentralización.
• Segunda etapa (2015-2019): se fortalecieron los mecanismos financieros, especialmente con la asignación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los municipios.
• Tercera etapa (2020 en adelante): se consolidó la transferencia de competencias, la digitalización de procesos administrativos y la creación de herramientas tecnológicas para la gestión local.

Rol actual de la AND

En la actualidad, la Autoridad Nacional de Descentralización actúa como el ente rector del sistema descentralizado, brindando asistencia técnica, capacitación y acompañamiento a los gobiernos locales, y garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, equidad territorial y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Su labor se orienta a consolidar un Estado más cercano a la ciudadanía, en donde cada municipio y comunidad pueda participar activamente en la toma de decisiones y en la ejecución de proyectos que promuevan el desarrollo sostenible y la inclusión social.

Compromiso institucional

La AND reafirma su compromiso con la modernización del Estado y la transformación digital de la gestión pública, desarrollando plataformas, sistemas y mecanismos que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en todo el territorio nacional.